Un nuevo escándalo ha vuelto a conmocionar a los colombianos, esta vez por los presuntos vínculos entre ciertos sectores de la clase política y paramilitares. El Supremo ordenó ayer la detención de seis congresistas, entre los que se encuentra el senador Alvaro Araujo, hermano de la actual ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo. Tras unas declaraciones de apoyo del presidente, Alvaro Uribe, la canciller aseguró que se mantendrá en el cargo, mientras se conoce una nueva investigación por cargos similares contra su padre.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó anoche la detención de seis congresistas en el marco de la investigación que desarrolla en relación a los presuntos vínculos entre políticos y paramilitares conocidos en los últimos meses. Uno de los arrestados es Alvaro Araujo, quien ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Quinta del Senado, que se encarga de asuntos mineros y petroleros.
Además de la detención del hermano de la ministra se ha sumado una petición de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al padre de ambos, el ex ministro de Agricultura y ex senador Alvaro Araujo Noguera, por cargos similares y por su presunta participación en un secuestro extorsivo de un empresario de Valledupar.
APOYO DE URIBE
Tras conocerse la noticia, y ante las peticiones de la oposición de que la ministra de Exteriores presente su renuncia, el presidente Uribe se pronunció anoche con rotundidad. Así, aseguró que "pese a su juventud" Araujo tiene "una larga trayectoria" como funcionaria del Estado, "primero en la Alcaldía de Bogotá, después como ministra de Cultura y ahora como canciller de la República". "Lo ha hecho bien, con honradez, con eficiencia, con gran entusiasmo", resaltó.
Según manifestó el mandatario, "la tragedia colombiana de tantos años no puede pretender manejarse simplemente con posturas de imagen, con posturas cosméticas", porque subrayó que "ha afectado muchísimas familias de la patria". Por ello, pidió que se considere a la ministra como lo que "representa en su propia persona".
"Entonces, uno por salvar apariencias, por el qué dirán, no puede ocultar lo que ha sido esta tragedia colombiana, que ha hecho tanto daño en tantas familias. Y no puede salir, simplemente, por salvar apariencias, a sacrificar a una compatriota que lo ha hecho bien, que es una expresión muy importante de las nuevas generaciones", señaló.
LA MINISTRA NO RENUNCIA
Este viernes, la ministra Araujo afirmó que acataba las decisiones judiciales tras conocerse la detención de su hermano pero seguiría en su cargo tras la declaración pública de apoyo de Uribe. "Sobre mi permanencia en el cargo ya el presidente se ha manifestado", afirmó la jefa de la Diplomacia, quien reconoció que está atravesando un "momento difícil" pero que seguirá trabajando con "eficacia, honradez, resultados y alegría".
En medio de la conmoción, también se ha conocido, a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Valencia Copete, que el magistrado de la Sala Penal, Yesid Ramírez Bastidas, ha recibido amenazas de muerte debido a sus investigaciones sobre los presuntos vínculos de políticos con paramilitares, en lo que ya se conoce en Colombia como la crisis de la 'parapolítica'.
Así, Valencia denunció que se ha pagado una gruesa suma de dinero para asesinar al jurista, que ha tenido a su cargo algunas de las investigaciones que vinculan a políticos con grupos paramilitares. "Es lamentable, tanto para el doctor Ramírez como para la Corte y para la institucionalidad, pero vamos a continuar nuestro trabajo", advirtió el presidente de la Corte Suprema.
REUNION CON 'JORGE 40'
La operación realizada en la noche del jueves en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, es la segunda ola de detenciones de parlamentarios como consecuencia de la investigación que desarrolla el Alto Tribunal, surgida a raíz de la incautación el pasado mes de octubre de un ordenador personal propiedad del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
Los otros parlamentarios detenidos son el senador del departamento del César Mauricio Pimiento; el senador del departamento caribeño del Atlántico Dieb Maloof; Alfonso Campo Escobar, de Magdalena, también en el norte del país; y Luis Eduardo Vives, del mismo departamento. Además, se ha cursado una orden de captura contra el miembro de la Cámara Jorge Luis Caballero.
El ordenador de 'Jorge 40' fue incautado el pasado mes de octubre, y en él figuraban nombres de políticos, entre ellos el del senador Araujo. Después de unos días sin pronunciarse y evitar a la prensa, el congresista finalmente habló y admitió públicamente que se reunió con el citado ex jefe paramilitar, pero aclaró que sin ninguna intención de concretar un proyecto político.
"SI VIENEN POR MÍ, VIENEN POR LA 'CONCHI' Y POR URIBE"
El escándalo por una posible vinculación del senador con las AUC podría afectar a su hermana, según reconocía el propio Araujo hace unos meses, cuando comentó que de iniciarse un proceso judicial en su contra, la ministra y otros funcionarios serían también señalados. "Si vienen por mí, vienen por la 'Conchi' (María Consuelo), por el procurador y por el presidente Uribe", afirmaba en octubre.
El senador Araujo aseguró entonces que estuvo en dos reuniones con 'Jorge 40'. La primera, cuando el líder del grupo armado anunció su desmovilización. La segunda, en septiembre de 2004 en la casa de la entonces congresista Eleonora Pineda.
La Corte Suprema conoció también en octubre el testimonio del ex director de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García --condenado a 18 años de cárcel por haber borrado y alterado antecedentes judiciales de las bases de datos del servicio de inteligencia del Estado--, quien acusó a Araujo de haber sido uno de los beneficiados del fraude electoral en la Costa en el año 2002, y aseguró que tenía "negocios" con 'Jorge 40'.
POLEMICAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
Según Rafael García, 'Jorge 40' diseñó una estrategia para que "sus candidatos" fueran elegidos en los comicios regionales de 2000 y los legislativos de 2002 en los departamentos de César y Magdalena. Este fraude, según aseguró el ex funcionario, involucra a congresistas, candidatos a gobernaciones, alcaldías y asambleas con los dirigentes del paramilitarismo.
Pese a todas estas acusaciones, la ministra de Exteriores aseguró el pasado noviembre que el fiscal general, Mario Iguarán, le había informado de que no existía ninguna investigación abierta contra miembros de su familia por posibles vínculos con el paramilitarismo, y reiteró entonces que no había contemplado la posibilidad de renunciar a su cargo.
Ya en diciembre, el hermano de la ministra fue interrogado por el juez de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia durante 12 horas acerca del presunto uso de dinero de las AUC para financiar sus campañas, su relación con el ex jefe paramilitar 'Jorge 40' y la presunta desviación de recursos de la salud de algunos municipios de la costa atlántica hacia estos grupos ilegales. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la Justicia ha ordenado su detención.
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