restablecen canales comunicación con las FARC en Colombia

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BOGOTA (Reuters) - Un político y un periodista restablecieron vías de comunicación con el nuevo máximo líder de la mayor guerrilla de Colombia para buscar la liberación de 40 secuestrados, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo el domingo uno de los implicados.

Se trata de la primera señal para el reanudación de los contactos con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se perdieron desde comienzos de marzo con la muerte del dirigente rebelde Raúl Reyes, en un ataque en Ecuador, quien era el encargado del tema de los rehenes.

Las comunicaciones entre políticos y gestores de paz también se interrumpieron después de que se conoció la muerte del fundador y máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda, que ocurrió el 26 de marzo.

"Puedo decir que toda está por buen camino, no me atrevo a decir que ya hay un contacto abierto y que posiblemente se podría prever para pronto unos resultados concretos," dijo a periodistas Carlos Lozano, director del semanario Voz y quien ha mantenido en el pasado contactos con la guerrilla para gestiones humanitarias.

Lozano aseguró que algunos de los contactos buscan comunicación directa con Alfonso Cano, el nuevo máximo líder de las FARC, quien remplazó a Marulanda.

El periodista, quien admitió que en la búsqueda de esos canales de comunicación también ha participado el dirigente político Alvaro Leyva, se abstuvo de revelar detalles para mantener la prudencia y la discreción que amerita el caso.

Por su parte el ministro del Interior, Carlos Holguín, admitió que tanto Lozano como Leyva tienen autorización del Gobierno para buscar contactos con la guerrilla por razones humanitarias, pero dijo desconocer los resultados de las gestiones.

"Son gestiones humanitarias, pero no tengo información de que haya ocurrido algún contacto, no creemos que eso se haya dado aún," aseguró el funcionario gubernamental.

Las FARC mantienen secuestrados a 40 rehenes por motivos políticos y buscan un acuerdo con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe para intercambiarlos por 500 rebeldes presos.
La guerrilla exige a Uribe retirar sus Fuerzas Armadas de una extensa zona montañosa del suroeste del país para crear una zona de seguridad en donde sus delegados se puedan reunir con los del Gobierno a negociar un acuerdo humanitario.

Pero Uribe, quien con el apoyo de Estados Unidos lidera una agresiva ofensiva militar contra las FARC a las que obligó a un repliegue estratégico, se niega a desmilitarizar la región con el argumento de que la guerrilla solo busca reorganizar a sus frentes golpeados por la persecución del Ejército.

Las posiciones radicales de las partes han impedido solucionar el drama de los rehenes, algunos de los cuales han completado más de 10 años secuestrados en campamentos rebeldes en medio de la selva.