MIAMI (AP) - Los 800.000 dólares que un empresario venezolano-estadounidense intentó ingresar ilegalmente en agosto a Buenos Aires eran una contribución a la campaña política de la recientemente electa presidenta argentina Cristina Fernández, dijeron fiscales federales de Estados Unidos el miércoles.
La información se dio a conocer durante una audiencia judicial de acusación contra cuatro hombres acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de inteligencia de otro país, que intentaron encubrir el origen de ese dinero y amenazaron a un testigo involucrado en el caso.
Los fiscales federales sostienen que el plan involucra a altos funcionarios del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.
En Caracas, el jefe de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de orquestar el escándalo para afectar las relaciones entre los gobiernos sudamericanos.
"Ha salido la mano que estaba detrás de la campaña alrededor del famoso maletín aquel que precisamente en su momento denunciamos que fue una emboscada... Hoy no nos queda (ninguna duda que está) fabricado desde el gobierno de los Estados Unidos", dijo Maduro.
"Es delicado que el gobierno de los Estados Unidos esté tomando el camino de la guerra judicial para tratar de darle veracidad a su guerra política psicológica y mediática contra el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, contra los gobiernos progresistas del continente. Es muy delicado que hayan pasado de manera desesperada a este paso de la guerra judicial", agregó.
En Buenos Aires, la oficina del vocero de la presidencia informó que no poseía información sobre la acusación hecha por los fiscales federales de Miami. Fernández, la esposa del presidente saliente Néstor Kirchner, asumió la presidencia este lunes.
Los 800.000 dólares le fueron decomisados a Guido Alejandro Antonini Wilson, en Buenos Aires el 4 de agosto, cuando intentó ingresarlos al país sin declarar. Antonini había arribado a bordo de un avión privado procedente de Caracas, junto a funcionarios argentinos y directivos de la petrolera venezolana PDVSA. La aeronave había sido rentada por un funcionario argentino.
Argentina solicitó a Estados Unidos poco después la extradición de Antonini por el cargo de fraude, pero el proceso abierto en Miami sugiere que el empresario ha pasado de ser sospechoso a testigo clave. No se supo de inmediato el miércoles cómo iba a responder el gobierno estadounidense al pedido de extradición de Buenos Aires.
La presentación de los fiscales ante la corte federal de Miami indica que "ni la fuente ni el destinatario de esos fondos había sido revelado". Pero el fiscal federal asistente Tom Mulvihill dijo ante la corte que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Fernández.
Los sujetos, acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de una potencia extranjera son los venezolanos Moisés Román Majonica, de 36 años; Franklin Durán, de 40 y Carlos Kauffmann, de 35, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele, también de 40.
Todos continuarán detenidos hasta una audiencia de libertad bajo fianza el lunes y deberán declarar ante la corte el 28 de diciembre. Un quinto sujeto, que no es Antonini, se encuentra prófugo.
Kenneth L. Wainstein, subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, dijo previamente al anuncio de Mulvihill que la denuncia "subraya el plan de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami en un esfuerzo por ocultar un creciente escándalo internacional. Estos arrestos deben servir como alerta a otros agentes que operan ilegalmente en Estados Unidos en nombre de poderes extranjeros".
Las evidencias del FBI incluyen grabaciones de diálogos entre los detenidos y altos funcionarios de la vicepresidencia de Venezuela, el Ministerio de Justicia y el servicio de espionaje de ese país, dijeron fiscales federales el miércoles.
En uno de ellos Durán le dice a Antonini que el asunto implicaba "a la cúpula del gobierno venezolano", y le advierte al empresario que sus "acciones futuras podrían poner en riesgo la vida de sus hijos".
AP intentó comunicarse con Antonini pero su teléfono fue cambiado y ahora es privado.
Las conversaciones grabadas presuntamente giran en torno de cómo mantener en secreto la fuente real de los 800.000 dólares que fueron llevado de Venezuela a Argentina por Antonini.
Antonini no está acusado en el caso y ha afirmado a través de sus abogados que cooperará con la investigación que llevan a cabo las autoridades argentinas.
Majonica y Wanseele pidieron el miércoles a la corte que les designe un abogado. El abogado de Durán y Kauffmann, Michael Hacker, dijo que sus clientes eran inocentes. Ambos residen en Miami y tienen vínculos personales y profesionales con Antonini.
"Ellos han llevado vidas limpísimas", dijo Hacker.
Mulvihill declaró que Durán tenía un avión esperándolo en la pista el martes en el aeropuerto internacional de Miami, justo antes del arresto de los hombres. Ello es indicio que algunos o todos querían huir de Estados Unidos, dijo.
Antonini reside en Cayo Vizcaíno, cerca de Miami, y retornó allí luego de que le incautaran el dinero en el aeropuerto de Buenos Aires, dijeron los funcionarios.
Kauffman y Durán son accionistas de la empresa petroquímica venezolana Venoco, la cual tiene negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Kauffmann también es accionista de la empresa Perforaciones Alborz C.A., que proporciona taladros a PDVSA.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Durán dijo durante un encuentro con Antonini que la persona que llevó el dinero al avión era un empleado del director ejecutivo de PDVSA.
No se ha aclarado de quién se trata, pero las autoridades dijeron que había tres empleados de alto nivel de la firma venezolana en la nave, entre ellos el hijo de su principal representante en Argentina, quien renunció a consecuencia del escándalo.
Kauffman, quien se negó a hacer comentarios para AP en octubre, le dijo al diario argentino La Nación que Antonini trabajaba como asesor de Venoco en esa época.
Kauffmann, Duran y Antonini son también aficionados a las carreras de automóviles, y participaron en el rally Gumball 3000 en Europa. El año pasado, los tres corrieron dos Porche GT representando a Venoco, dijo su compañero en el equipo automotriz, el corredor de inversiones Antonio Pardo, a la AP.
Durán, socio de Antonini en la empresa Foxdelta Investments, registrada en Miami, está registrado en Venezuela como el dueño de la empresa importadora de armas Ruibal y Durán, que fue investigada por legisladores de oposición en el 2003 por supuestamente traer al país 115 Uzis para el uso de la policía en el estado de Cojedes, sin los permisos pertinentes.
La investigación nunca fue llevada a su término.
Durán le ha vendido equipos a gobernaciones locales y al Ministerio de la Defensa, según reconoció el gobernador oficialista del estado central de Cojedes, Jhonny Yáñez Rangel.
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