(DE EL NACIONAL, VESPERTINOI DOMINICANO)
Sectores internos y externos con el supuesto apoyo de militares chilenos estarían preparando para este miércoles en Bolivia, un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
El propio gobernante hizo la denuncia el viernes, pero desde entonces periódicos bolivianos han estado publicando detalles de la supuesta trama, con informes atribuidos a fuentes importantes del Gobierno.
Pormenores de la supuesta conspiración aparecen en la edición del domingo del periódico digital Rebelión.
De acuerdo a Rebelión, importantes fuentes allegadas al Gobierno aseguraron que todo está preparado para una intentona golpista pasado mañana.
Los informantes, según Rebelión, afirman que son parte de la iniciativa golpista, el supuesto uso de francotiradores en la disputa de mineros por la posesión de un yacimiento de estaño que entre el jueves y viernes pasados dejaron saldo de 16 muertos y 61 heridos.
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LA PAZ.‑ La Paz, sede del Gobierno boliviano, amaneció hoy bloqueada debido a una huelga de los chóferes que protestan por el cambio de rutas ordenado por la alcaldía de la ciudad.
Además de la suspensión del servicio de transporte, los conductores paceños cerraron con sus vehículos varios puntos de la ciudad, con lo que miles de pasajeros quedaron bloqueados.
Los afiliados a la Central Unica de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz acataron una convocatoria al paro para exigir al alcalde, Juan Del Granado, que modifique el plan de tráfico puesto en marcha la semana pasada.
La alcaldía paceña invirtió las rutas de dos calles del centro de la ciudad para facilitar la reconstrucción de una avenida troncal y preparar el comienzo de otras obras como parte del Parque Urbano Central.
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Los informes dan cuenta de que hace algunas semanas oficiales de la Policía boliviana se acercaron a generales de las Fuerzas Armadas, buscando apoyo para la trama golpista, pero uno de los oficiales que sería clave para la iniciativa, se negó a participar.
Pero se asegura que aún sin él siguen los preparativos para derrocar a Morales, quien lleva ocho meses en el poder.
La parte institucional de la trama golpista se atribuye a los prefectos (gobernadores) de los estados energéticos y separatistas de Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, con la promoción de "Comités Civiles" que serán la punta de lanza de la subversión.
Afirma Rebelión, que tanto los prefectos como los comités cívicos han entrado en franca rebelión contra el Gobierno, al afirmar que no acatarán la Constitución política del Estado emergente de la Asmablea Constituyente, en caso de que sea aprobada.
Rebelión asegura que los comités de civiles son financiados por sectores empresariales y cuentan con la colaboración de altos oficiales de la Policía.
Observa también que los actos de estos grupos son inflados por los medios de comunicación, muchos de los cuales están en manos de magnates capitalistas con grandes inversiones agrícolas en las provincias separatistas y que temen a la reforma del Gobierno en ese renglón.
Debido a la crisis generada por los mineros, el presidente Morales tuvo que relevar de su cargo al ministro de Minería y Metalurgia, Walter Villarroel, acusado por los sindicalistas y diversos sectores, de haber provocado el conflicto al favorecer a cooperativistas, de quienes fue su dirigente.
Morales ha admitido que en materia de minería "no hemos cumplido con el pueblo boliviano".
Las dificultades de Morales comenzaron al manifestar su intención por la nacionalización de compañías multinacionales que manejan el negocio del gas y el petróleo.
Morales tampoco es bien visto por el Gobierno de Estados Unidos, por su defensa al cultivo de la hoja de coca.
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