Diario de América Latina
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Cada día, al menos 500 bolivianos llegan al aeropuerto de Barajas para quedarse en España como emigrantes sin papeles; unos 50 son deportados. Aprovechando que la Unión Europea todavía no les exige visado, decenas de pasajeros –en su gran mayoría jóvenes- hacen fila en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra para abordar el avión a Madrid. En los últimos meses se ha multiplicado el número de bolivianos, de ambos sexos, que viajan a España con la intención de no regresar y correr todos los riesgos que entraña la inmigración ilegal.
Otros muchos bolivianos emprenden cada día viajes azarosos a Argentina o Estados Unidos como indocumentados.
En tanto, en la capital, La Paz, existe aparente indiferencia ante este éxodo. Más bien, las agencias de turismo, los tramitadores y las propias líneas aéreas se aprovechan del negocio. Y el Estado, aunque no lo exprese de esta manera, parece darse por satisfecho con el aumento de las remesas y con la salida del país de jóvenes sin trabajo. Pareciera que a nadie le preocupe que se esté desarrollando un drama humano de impresionante magnitud, como reflejó el diario "La Razón" de La Paz en un informe especial.
De acuerdo con las últimas estadísticas, unos tres millones de bolivianos residen en el extranjero, lo que equivale a la tercera parte de la población. Es como si cerca de 15 millones de españoles –de un total de 44 millones- vivieran en el exterior, o como si Estados Unidos, sobre la base de 300 millones, tuviera 100 millones de ciudadanos fuera de sus fronteras.
A todas luces, el porcentaje es altísimo. El informe de "La Razón" señala que la mitad de la actual población boliviana desea irse del país, si es que se le brindara la oportunidad de poder hacerlo. De los nueve millones de habitantes solamente cuatro millones y medio quieren permanecer en Bolivia. O tal vez no puedan salir del país aunque quisieran.
"El resultado final del estudio sobre los emigrantes bolivianos –destaca el diario "El Deber", de Santa Cruz de la Sierra- es tenebroso y hasta terrorífico, pero parece que nadie llega al fondo del problema: la falta de creación de auténticas oportunidades para evitar el drama de exportar gente. Si el Estado boliviano es incapaz de ofrecer oportunidades y esperanza, ese Estado es culpable del éxodo de sus hijos y de sus tristes consecuencias".
La emigración ha aumentado en los últimos meses después de que los bolivianos empezaran a perder confianza en las promesas del presidente Evo Morales de que crearía empleo y lograría la paz social en Bolivia. Sin haber cumplido nueve meses en el poder, Morales enfrenta conflictos políticos y sociales en múltiples frentes. Y los empresarios huyen a toda prisa –incluidos los brasileños y españoles, p4incipales inversores- en busca de países que ofrezcan más garantías.
Morales gobierna un país semiparalizado por quienes le votaron en diciembre del año pasado, con una Asamblea Constituyente estancada, con la nacionalización de los hidrocarburos en riesgo y con amenazas de diferentes sectores sociales de recurrir a las armas. El partido de Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS, alianza de cultivadores de hoja de coca, nacionalistas, indigenistas e izquierdistas), sufre fuertes tensiones. La popularidad del presidente se está yendo a pique. Cuando asumió el mando el pasado 22 de enero tenía un nivel de aceptación del 62 %, con la nacionalización de los hidrocarburos trepó al 81 % y en estos momentos ronda el 50 %.
Aún está más dañado el prestigio y credibilidad del vicepresidente Alvaro García Linera, quien en un discurso pidió a los indígenas defender con su vida y las armas la nacionalización del gas. Aunque García Linera siempre había sostenido que en su época de guerrillero no provocó ninguna muerte, en un acto en el que evocó su pasado insurgente dijo "en este lugar aprendí a matar" para defender los recursos naturales.
"Si es necesario salir otra vez a la lucha, saldremos diez, veinte, cincuenta veces", dijo García Linera cuando ejercía la presidencia en funciones (por el viaje de Evo Morales a la asamblea general de la ONU). Esas amenazas fueron formuladas cuando asociaciones de indígenas y campesinos de las provincias del oriente del país, fieles al MAS, cortaban carreteras en torno a la pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fortín de la oposición conservadora.
En vez de ayudar a los empresarios a dar confianza y estimular la creación de nuevos negocios, Morales y García Linera hacen exactamente lo contrario. Con declaraciones amenazantes e insultos, como el de expoliadores, con el que a diario califica a Repsol y a las otras petroleras, espantan al inversionista boliviano y extranjero cuyo capital estaba destinado a producir y crear fuentes de empleo. A más de uno le indigna que los petrodólares que supuestamente entregará Hugo Chávez se destinen a instalar bases militares cerca de la frontera, lo que ha provocado recelos y malestar en los vecinos Chile y Paraguay.
La nacionalización de los hidrocarburos, que Morales anunció por sorpresa al tiempo que ordenaba la ocupación militar de los campos petroleros, no acaba de arrancar por la falta de capacidad de Bolivia para hacerse cargo de las tareas de exploración, explotación y refino de los yacimientos de gas natural y crudo. La realidad se impone a la improvisación. El anhelo nacionalizador ha provocado tal desmantelamiento del sector que hoy día escasea el diesel y el contrabando campea a sus anchas. Con las inversiones suspendidas desde hace años, mengua la capacidad de producción de gas. Para no romper con la compañía estatal brasileña Petrobras –principal empresa extranjera en Bolivia-, Evo Morales se vio obligado a despedir al super radical ministro de Petróleo y al director de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Evo Morales tiene otro frente abierto con los poderosos agricultores de las cuatro provincias orientales, muy desarrolladas en agroindustria exportadora. La anunciada reforma agraria ha soliviantado los ánimos en las zonas rurales. Asimismo, el proyecto estrella, la refundación de Bolivia mediante una nueva Carta Magna, está empantanado en una Asamblea Constituyente que no logra ponerse de acuerdo. Entre tanto, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, las provincias más ricas del país, amagan con separarse si no reciben un amplio estatuto de autonomía. Los prefectos (gobernadores) de esos cuatro departamentos han iniciado un proceso reivindicativo que culminará con una consulta ciudadana sobre la aceptación o rechazo a la nueva Constitución.
Los gobiernos locales de Santa Cruz, Tarija -principales productores de hidrocarburos-, Beni y Pando -productores ganaderos y de soja- recogen firmas de los ciudadanos para convocar un referéndum. Dirigentes del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y líderes indígenas anunciaron que pondrán una denuncia penal contra los gobernadores, a los que acusan de sedición y de atribuirse derechos de los pueblos.
La muerte de 16 mineros en una batalla campal por el dominio de la explotación de estaño más rica de América estremeció a Bolivia. El distrito minero de Huanuni fue testigo de una cruel pesadilla, cuando el poblado fue atacado a punta de cartucho de dinamita por cooperativistas que trabajan por cuenta propia, y que fue defendido con igual brutalidad por mineros de una empresa estatal. El estallido de los explosivos sacudió la zona durante dos días.
El analista Carlos Toranzo Roca señala que Huanuni fue la señal de alerta más clara que ha recibido Bolivia sobre lo que puede pasar en el futuro si se sigue alentando la violencia y se continúa utilizando un lenguaje de confrontación. "Nuestros mandatarios, el presidente Morales, el vicepresidente García Linera y todo el gobierno tienen la obligación de dar mensajes de paz y de diálogo y no inflar las expectativas de la violencia", señala Toranzo. Pero no es sólo en el lado del Gobierno donde se sostienen posturas de confrontación. Las hay también en algunos empresarios, en dirigentes cívicos de Santa Cruz, en determinadas fuerzas políticas que creen que es la lógica del enfrenamiento la que puede frenar lo que consideran proyecto totalitario del Gobierno. La difusa aspiración de algunos sectores empresariales del oriente de lograr la separación o secesión de la Bolivia andina sólo conduce a más enfrentamientos.
Todos los bolivianos resultarán perdedores si unos y otros siguen empujando a la violencia. Y, como en Huanuni, quienes más sufrirán, quienes pondrán las víctimas, serán los pobres, los sectores populares. La violencia tiene memoria, los muertos no se olvidan, viven por años, a veces por décadas. "Por eso no se debe abrir caminos de violencia y de odio que separen a los bolivianos y que dejen huellas que impedirán construir un futuro compartido", advierte Toranzo.
El enfrentamiento en Huanuni, mineros contra mineros, pobres contra otros aún más pobres, aconteció, en parte, porque Bolivia está entrando en un camino de confrontación, que tiende a que todo se resuelve por la fuerza. Este conflicto minero se sumó a la cadena de protestas que se han producido en Bolivia en las últimas semanas, como la huelga de transportistas, chóferes, el paro de maestros y algunos enfrentamientos con empresarios de La Paz. En estos días, los cultivadores de hoja de coca del Chapare –la región que catapultó a Evo Morales a la política nacional- han cortado la importante carretera Santa Cruz-Cochabamba en demanda de poder ampliar la producción. Muchos bolivianos votaron por el MAS con la seguridad de que sólo Evo podía conjurar los conflictos que desangran al país. El desengaño no pudo ser mayor. Los conflictos se han multiplicado. El bloqueo ascendió a categoría de derecho democrático supremo por encima de todos los demás. La diferencia está en que cuando era Evo Morales el que impulsaba bloqueos y huelgas, se decía que las protestas respondían al sentir de un pueblo humillado. Ahora que los paros se hacen por la frustración ante el incumplimiento de las promesas hechas por el ex líder cocalero, Evo Morales se escuda diciendo que es víctima de una conspiración. De ser cierta la denuncia, en la conspiración participarían los mismos sectores sociales que ayudaron a Morales a llegar a la presidencia.
El de Huanuni no se registrará en los anales de la historia boliviana como un incidente sangriento originado por antiguas diferencias entre mineros y algún otro sector social de los que se mueven en el subsuelo a la luz alucinante de los metales. Más bien, ha ingresado como efecto de las negligencias del presidente Morales, y de ofrecimientos demagógicos que actuaron como incontrolables detonantes. Aún están pendientes de resolución otras promesa de Morales, como la entrega de miles y miles de títulos de propiedad de tierras ubicadas en la provincia de Santa Cruz. Se teme que los agricultores afectados reaccionen como en Huanuni, a sangre y fuego."
Hasta ahora, el presidente Morales parece más empeñado en cavar trincheras que en tender puentes. El papel histórico de Evo es muy importante, el tamaño del desafío es gigantesco y la pregunta es si él estará a la altura de ese desafío", dijo el ex presidente Carlos Mesa en el séptimo Foro de Biarritz.
Algunos analistas señalan que el problema de Bolivia reside en la perniciosa influencia de Hugo Chávez. Incluso se dice que el presidente venezolano es quién verdaderamente manda en el país. Los más críticos señalan que Morales es un simple botones que, por su falta de preparación, no sabe cómo afrontar los conflictos. "Las buenas intenciones no son suficientes para gobernar. Evo sólo tiene experiencia en encabezar manifestaciones contra el gobierno de turno, y ahora que está en el poder no sabe cómo hacer frente a las protestas", nos comentó telefónicamente el analista político Luis Gutiérrez.
Evo Morales llegó a la presidencia ofreciendo esperanzas de cambio, creación de empleo y honestidad. La mayoría de los bolivianos lo recibieron como una buena alternativa para hacer un nuevo país, con nuevas perspectivas y nuevos impulsos. No sólo le apoyaba la gente del campo, los pobres, la población indígena, los de su origen racial o los de su partido. También pensaban así muchos bolivianos de las ciudades, profesionales, empresarios, comerciantes, jóvenes y mayores, blancos y mestizos, hombres y mujeres. La mayoría confiaba en que Morales, como dirigente hastiado de la forma inepta y corrupta como se manejaba el país, iba a gobernar de otra manera, sin exclusiones, sin violar las leyes y derechos que asisten a los ciudadanos. Tenían la esperanza de, por fin, sin importar raza u origen social, poder vivir en un país equilibrado, incluyente, justo y equitativo.
De inmediato vino el desencanto al constatar que Morales iba a gobernar para una minoría, ejerciendo el poder en forma excluyente. En su discurso de toma de posesión mostró un enorme resentimiento social. De sus palabras se desprendió que tan solo prestaría atención a la población indígena, porque había sido marginada y humillada durante siglos.
"Me duele que Evo repita la desafortunada forma de hacer política en Bolivia, con imposiciones, exclusiones, visiones sólo de un lado, con el olvido de que no sólo los de una raza, un color o un pensamiento tienen toda la razón", denuncia el diario "El Deber" en un duro editorial.
Tal como ocurrió con presidentes que le antecedieron, Morales ha caído en actitudes sectarias, provocando el enfrentamiento –incluso físico- de bolivianos con bolivianos, profundizando las diferencias en base a la imposición. Cada día, el presidente y sus ministros pronuncian discursos elaboradamente racistas que, en lugar de unir, dividen aún más a la población.
La decisión de Evo Morales de ignorar arbitrariamente el contenido expreso de la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico aumentó la confrontación política. Vulnerando abiertamente lo dispuesto en la mencionada norma, el partido gubernamental MAS aprobó por mayoría simple de los constituyentes -en lugar de los dos tercios, como dispone la ley especial- el primer artículo de la futura Carta Magna, que declara a la Constituyente "originaria" y "plenipotenciaria", con la pretensión de someter a los todos los poderes e instituciones del Estado al designio de la propia Asamblea. Los trabajos de la Constituyente están semi paralizados. La oposición denuncia cada vez con más fuerza que Evo Morales pretende imponer un gobierno dictatorial por medio de una Constitución hecha a su medida. En esto, como en tantas otras cosas, sigue el libreto que le marca Hugo Chávez. El mismo libreto que seguía en Perú el derrotado candidato nacionalista Ollanta Humala y que también marca el programa del candidato populista ecuatoriano Rafael Correa.
En un editorial titulado "Un juego peligroso", el diario "Los Tiempos" de Cochabamba –provincia en la que Morales creció como líder de los cocaleros-, considera que la asunción de todos los poderes por parte de la Asamblea es un acto dictatorial: "Si la Constituyente pretende erigirse como un superpoder con funciones y atribuciones que competen exclusivamente a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no sólo se estaría rompiendo el orden constitucional sino, lo que es peor, se estaría dando paso a toda clase de peligrosas tentaciones de poder autoritario". Según "Los Tiempos", se confirman las sospechas de que la Constituyente, antes que un órgano encargado de elaborar un nuevo texto constitucional y ponerlo a consideración de un referéndum nacional es, en los hechos, "una especie de aparato político concebido para consolidar el esquema ideológico y de poder del gobierno de Morales".
La oposición se ha aliado con gobernadores y comités cívicos de provincias que reclaman más autonomía, sobre todo en el oriente y en el sur tropical del país, y estudian cómo hacer frente a lo que califican de intento de Morales de romper la legalidad vigente para dar un "autogolpe".
El abogado constitucionalista y ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón, advirtió que la determinación del MAS de seguir imponiendo su rodillo constituyente para elaborar la nueva Carta Magna generará violencia e inestabilidad social.
La Corte Suprema de Justicia asestó un duro revés a las aspiraciones del presidente Morales de "refundar" Bolivia al dictaminar que la Asamblea Constituyente está obligada a cumplir con la actual Carta Magna y no puede considerarse "plenipotenciaria", en contra de lo que sostiene el Gobierno y sus aliados.
Según el máximo tribunal, la intención de Morales de declarar "originaria" a la Constituyente trastoca el orden legal y pone en riesgo la integridad nacional y la paz social. El presidente del tribunal, Héctor Sandoval, dijo que "estamos dando la voz de alerta, estamos defendiendo la institucionalidad del Poder Judicial". También manifestó su preocupación por la intención de Morales de "desaparecer" los actuales poderes del Estado, como anticipó el Gobierno, cuando esté lista la nueva Constitución. El dictamen de la Corte Suprema dice que "la Asamblea, al no tener un carácter fundacional, ni ser emergente de una revolución triunfante, no puede ser considerada originaria."
De esta forma, el alto tribunal contradice a Morales y a su partido, el MAS, que pretenden que la Asamblea tenga poderes sobre todas las demás instituciones estatales, objetivo que la oposición califica como un "autogolpe". Héctor Sandoval también cuestionó el hecho de que los constituyentes oficialistas hubieran desconocido la ley de convocatoria de la Asamblea, que establece que los cambios a la carta fundamental deben aprobarse por dos tercios de los votos. El partido de Morales cuenta con mayoría absoluta en la asamblea (128 de 255 constituyentes), pero no llega a los dos tercios (170).
Evo Morales negó que la Corte Suprema de Justicia tenga competencia para opinar sobre el carácter "plenipotenciario" de la Asamblea Constituyente y la tildó de "resabio del Estado colonial".
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