La Paz.- La principal fuerza política opositora de Bolivia, Podemos, del ex presidente derechista Jorge Quiroga, anunció hoy que pedirá al gobierno que declare "persona no grata" al embajador de Venezuela en La Paz, Julio Montes, por inmiscuirse en asuntos internos del país.
Montes había afirmado el sábado en un discurso ante una concentración de cocaleros que "si nos piden nuestra sangre o nuestras vidas, estaremos aquí" para defender "nuestra hermosa revolución" que postula cambios en democracia, reseñó AFP.
El diplomático venezolano se mostró solidario con el presidente de izquierda Evo Morales, quien postuló en la región cocalera del Chapare la tesis de "cato (medida agraria de 1.600 m2) de coca o muerte, aquí vamos a defender eso".
El gobernante cocalero reaccionó así a la exigencia de Estados Unidos de que Bolivia deseche la política del "cato de coca" por familia en el Chapare y reduzca a 5.000 hectáreas el área de la hoja de coca antes de fin de año para no exponerse a la reducción de la ayuda norteamericana.
Además de criticar a Morales por "seguir hablando de muertos", después de las 16 víctimas del fin de semana en choques por el control de un yacimiento minero, el senador opositor Oscar Ortíz consideró "mucho más preocupante" que "un embajador extranjero hable de la posibilidad de que personas de otro país vengan a participar en un enfrentamiento entre bolivianos".
"Esto representa una inaceptable intervención extranjera en nuestros asuntos internos. Estas palabras indican la voluntad del gobierno venezolano de participar en un supuesto conflicto en Bolivia", protestó Ortiz, empresario vinculado a la élite cívico-empresarial de Santa Cruz, opositora a Morales.
"Creemos que el embajador de Venezuela debe ser declarado persona no grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por inmiscuirse de esta forma en asuntos internos, por incentivar la confrontación en nuestro país", sostuvo Ortíz.
Podemos, primera mayoría en el Senado boliviano, vetó a fines de setiembre un acuerdo en materia de defensa suscrito en mayo por Bolivia y Venezuela, que requiere la confirmación del Congreso.
El convenio, estancado en el Senado tras recibir la aprobación de la mayoría oficialista en la cámara de Diputados, fue calificado de "inquietante y riesgoso para la seguridad nacional", según el senador Carlos Borth, también del opositor Podemos.
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