Segunda Parte
<>DE CRONICON.NET, Colombia
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Entrevista a Alirio Uribe, defensor colombiano de Derechos Humanos
- Con todo lo que ha salido a flote respecto de las relaciones paramilitares y políticos, ¿usted considera que se va a terminar contando todo sobre el fenómeno de las autodefensas que ha sumido a Colombia en una compleja crisis institucional?
- Bueno, contar todo es contar quiénes los financiaron, quiénes los patrocinaron, quiénes han sido los señores de la guerra en este país, cómo ha funcionado todo el tema del narcotráfico, cómo han funcionado los enlaces que tenía cada bloque paramilitar con la Fuerza Pública para no cruzarse en los operativos. Entonces decir toda esa verdad es muy duro y decir que en Colombia hay más de siete millones de hectáreas expropiadas a la fuerza que no van a devolverlas ni nunca las van a devolver, lo cual ha generado un desplazamiento de tres millones y medio de personas, es muy difícil. El proceso no está hecho para que haya verdad.
PARAMILITARES APOSTARON POR LA REELECIÓN DE URIBE
- ¿Entonces este es un proceso de vergüenza y mentira?
- Para todo el mundo y para la comunidad internacional. Según el Comisionado de Paz solo 2200 paramilitares de los 30 mil desmovilizados se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, entonces los otros 28 mil 800 ya tienen auto inhibitorio, preclusión de investigación, cesación de procedimiento e indulto por la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de enero de 2003, es decir que más del 98% ya están en la impunidad. Los 2200 que según el gobierno se van acoger a la Ley de Justicia y Paz recibirán sentencias a partir de la aceptación de cargos cuyas penas oscilarán entre cinco y ocho años de condena. Estas personas no van a ir a cáceles sino que se las recluirá en una especie de casas fiscales, a unas colonias agrícolas o a las fincas que ellos tienen. Pero además les van a rebajar 18 meses por haber estado en sitios de concentración como Ralito. Si uno resta todo eso quiere decir que no van a estar en la cárcel. Es un proceso de impunidad absoluta, total, en el que no va a haber ni justicia, ni verdad y menos reparación. Además y para obtener en el futuro más beneficios o para que se consolide esta impunidad, los paramilitares anunciaron el control del Congreso y por eso apostaron públicamente a la reelección presidencial de Álvaro Uribe. En definitiva, lo que estamos presenciando es la paramilitarización del Estado colombiano.
- El gobierno de Uribe sostiene que lo que ha habido es un proceso de negociación con los paramilitares. ¿Qué es lo que han negociado sustancialmente?
- No, en este proceso no ha habido ninguna negociación política, ellos no han tenido que negociar nada, simplemente lo que se hacho es un proceso de autoperdón, garantizando que no habrá verdad, ni justicia. Y porqué de autoperdón, simplemente porque quienes sacaron la mal llamada Ley de Justicia y Paz y están agenciando el proceso son muchos de los determinadores del paramilitarismo que han sido al mismo tiempo los beneficiarios de la guerra sucia.
- ¿Este proceso de vergüenza y de impunidad con los paramilitares puede ir en un momento determinado a la Corte Penal Internacional?
- Es obvio que cuando los mecanismos nacionales o el Estado no quiere investigar y cuando se genera un proceso de impunidad de las magnitudes como el que se presenta en Colombia, las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, las víctimas, los familiares de las víctimas, van a acudir cada vez más al escenario internacional. De hecho ya en el 2005 nosotros obtuvimos una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Mapiripán, en la que se expresa claramente que no se debe aplicar la Ley de Justicia y Paz a los que intervinieron en esa masacre y ahí está implicado Mancuso. Vamos a ver si el Estado colombiano acata o no esa sentencia. En el Sistema Interamericano se van a seguir produciendo pronunciamientos en torno a este proceso. En cuanto a la Corte Penal Internacional tengo conocimiento que ya está estudiando el caso de Colombia, pero aún no ha abierto la investigación porque la competencia la tienen el fiscal, los Estados partes o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ha recibido muchísima información por diferentes vías. Hoy existe un contexto internacional que no permite que la impunidad pase como ocurrió en la década de los 70 con las dictaruras en los países suramericanos. Esto en relación con Colombia quiere decir que si el gobierno de Uribe tiene rabo de paja en este proceso de impunidad con los paramilitares puede terminar como Fujimori o Pinochet, enjuiciado internacionalmente. Hay que resaltar que la Corte Penal Internacional no esta hecha para procesar sicarios, por eso no reconoce inmunidades a presidentes ni a generales, ni a parlamentarios, porque lo que busca es procesar a personas que tengan los más altos niveles de responsabilidad. Y las responsabilidades no son simplemente por acción sino también por omisión y hay omisiones que son necesarias para la comisión de los crímenes que son casi responsabilidades activas. En lo que atañe al presidente Uribe hay que decir que él no ha sido cuidadoso con este proceso, como por ejemplo, quiso tapar por dos años las infracciones al cese de hostilidades cuando las hubo todo el tiempo, hasta tal punto que el mismo Comisionado debió reconocer que se habían presentado 500 muertos durante el proceso de desmovilización paramilitar.
- ¿Y según su criterio, Uribe y funcionarios de su gobierno podrían terminar enjuiciados internacionalmente?
- Habrá que esperar. Se abren muchos interrogantes en torno a lo que vaya a pasar con Jorge Noguera, pues su caso es muy grave porque él fue nombrado en el DAS por Uribe y ahí estamos viendo todo lo que ha salido al interior de esta institución que es la policía secreta y de inteligencia de la Presidencia de la República. Vimos como salió Noguera y como fue destituido el subdirector del DAS y entre ellos mismos denunciándose. Es decir, el proceso es completamente sucio y estamos hablando de un paramilitarismo que según el Alto Comisionado se acabó y los ex funcionarios del DAS están diciendo que no, que esta entidad respondía a una estructura paramilitar, hasta el punto que el propio presidente Uribe llegó a plantear la necesidad de desmontar el DAS, entonces la crisis salta y salta entre ellos mismos. La crisis institucional es muy profunda.
EN COLOMBIA SURGIÓ UNA CLASE POLÍTICA NEO MAFIOSA
- ¿Usted coincide con analistas como Alfredo Molano y Ramiro Bejarano, así como con voceros del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal que han señalado que Colombia está incursa en un estado mafioso?
- Yo lo que creo es que hay unas nuevas clases políticas neo mafiosas, neo paramilitares que están desplazando a las clases políticas tradicionales que no tienen vínculos con narcoparamilitares y si ese poder económico se va traduciendo en poder político, Colombia terminará gobernada por lo peor de lo peor.
- ¿En su opinión qué significa políticamente Álvaro Uribe Vélez para Colombia?
- Creo que es un retroceso en la posibilidad de construcción democrática en la medida en que lo que hace Álvaro Uribe es hacernos perder varios años a los colombianos en la posibilidad de alcanzar la paz en este país, de hacer una negociación política real con la insurgencia, en poder tener realmente una política de derechos humanos. Uribe facilita una intervención extranjera directa de los Estados Unidos, inscribe su política en la lucha antiterrorista a los esquemas de Washington, creo que representa lo más grueso de la derechización del país: la intolerancia, la exclusión; el gobernar para los ricos y los sectores poderosos, el darle seguridad a sectores de poder trasnacional; es populismo, es la crisis de los partidos tradicionales y representa, en síntesis, los intereses de esa neo burguesía mafiosa paramilitar.
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