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De Cronicon.net, Colombia.-
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Entrevista a Alirio Uribe, defensor colombiano de Derechos Humanos
Ante el monumento de impunidad que se ha erigido en Colombia con el seudo proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no es nada improbable que en el mediano o largo plazo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidido impulsor del mismo, pueda ser procesado internacionalmente. Así lo sostiene el abogado constitucionalista y destacado defensor de derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz, uno de los voceros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al que está vinculado hace 16 años.
Al hacer un análisis de las graves incidencias en que se ha visto envuelto dicho proceso que deja muchos interrogantes por resolver, este jurista, catedrático y actual vicepresidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París, en diálogo con cronicon.net, señala que lo que se está presenciando ante el estupor tanto de la opinión nacional como internacional "es la paramilitarización del Estado colombiano". Por ello, agrega Uribe Muñoz, es muy probable que en algunos años los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez que han prohijado todo el conjunto de dislates jurídicos y políticos que se han cometido para cohonestar con la impunidad de los paramilitares, sus promotores y financiadores, terminen siendo judicializados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional.
LA REINGENIERÍA DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA
- ¿El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha venido señalando que el fenómeno paramilitar ha dejado de existir en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración?
- No. A través del Colectivo de Abogados nosotros hemos venido diciendo tanto a nivel nacional como internacional que lo que se está haciendo con el denominado proceso de desmovilización paramilitar es una reingeniería, una reestructuración o reorganización de este sistema de grupos de autodefensa que, es bueno recordar, fueron creados mediante un decreto de estado de sitio en el año de 1965. Estos grupos han tenido vínculos con autoridades civiles y autoridades militares y lo pudimos ver en el año 2006 con el entonces director del DAS, Jorge Noguera y con la misma Presidencia de la República prácticamente. Es decir, el paramilitarismo ha sido como una especie de privatización de la guerra sucia en Colombia, a través del cual se tratado de desviar la responsabilidad de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido desde el Estado contra los disidentes del statu quo, contra aquellos que se consideraban como enemigos internos, etc. Así se ha refundido la responsabilidad de la guerra sucia en Colombia. Estos grupos se salen de control en algunas zonas del país por todos los intereses privados, políticos, económicos y mafiosos, incluso de transnacionales que están detrás de ellos. En fin, de alguna manera el paramilitarismo ha sido como la voluntad estatal de renunciar al monopolio de las armas y delegar en civiles armas de guerra, permitiendo la creación de ejércitos privados que responden a diferentes lógicas y a diferentes intereses, inicialmente como una estrategia netamente antisubversiva y después como una estrategia más de control social. El proceso que se está llevando a cabo con el gobierno de Uribe no es un proceso de desmonte de los paramilitares, ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, sino que estamos es frente a un mecanismo de limpieza de este fenómeno.
- Si el Estado creó los grupos paramilitares. Ahora que se le salieron de control, el mismo Estado quiere desmontarlos. ¿Esa es la lectura que se puede hacer de este controvertido proceso?
- Efectivamente, pues hay que recordar que desde el año 1965 hasta 1989 los grupos paramilitares fueron legales. Es más, mediante un decreto del año 1994 se trataron de legalizar estos grupos con las llamadas Cooperativas de Seguridad Privadas, Convivir, que en forma entusiasta impulsó Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Este intento de legalización fracasó porque la Corte Constitucional en una demanda que presentamos las declaró ilegales. Cuando Uribe Vélez llega a la Presidencia se genera como un clima de confianza entre estos grupos y el gobierno a raíz de su postura antisubversiva y su discurso antiterrorista en que sustenta la llamada política de Seguridad Democrática. Lo que nosotros henos podido constatar es que hoy Colombia está viviendo un gran proceso de impunidad para favorecer a los miembros de estos grupos que no se han desmovilizado sino que permanecen en las zonas de su influencia y por eso la gente se mantiene bajo terror, con el agravante de que se apoderaron de amplias regiones del país. Cuando se inició el gobierno de Álvaro Uribe se hablaba de que había 12 mil paramilitares, hoy el Alto Comisionado de Paz afirma que se han desmovilizado más de 30 mil, pero está diciendo 30 mil colectivamente cuando hay 10 mil desmovilizados individualmente
- ¿Cómo se explica ese aumento exponencial de 12 mil a 30 mil hombres del paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe Vélez?
- La explicación está en que durante este proceso se ha dado un empoderamiento y fortalecimiento del paramilitarismo y eso incrementó las filas. Pero además, eso tiene otra explicación y es que mucha gente se esta comprando un seguro de impunidad. Sabemos que en las cárceles se están vendiendo los cupos por diez millones de pesos para meter en listas de desmovilizados a delincuentes comunes que están pagando prisión con el fin de que aparezcan como miembros de los diferentes bloques. Continuará.-
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