miércoles, febrero 07, 2007

En Colombia Alvaro Uribe, contra todos

La oposición colombiana convoca una manifestación para exigir la verdad sobre las relaciones entre políticos y paramilitares

De El País. es Madrid.-

El Polo Democrático alternativo, una fuerza política de la izquierda colombiana y dura opositora al Gobierno de Álvaro Uribe, exige con urgencia que se conozca la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia. Para lograrlo, ha convocado para mañana una movilización en el centro de la capital, Bogotá, en respuesta a un agrio rifirrafe con Uribe que ha durado más de 10 días.

Todo empezó con el anuncio del senador Gustavo Petro de un debate sobre la relación entre el paramilitarismo y la política en el departamento de Antioquia, tierra natal de Uribe. Petro, que destapó el llamado escándalo de la parapolítica ?supuestos pactos entre políticos y paramilitares? que sacude al país, anunció que prepara un dossier en el que demuestra que están vigentes las investigaciones contra Santiago Uribe, hermano del reelegido mandatario, por nexos con estos grupos. Dice, además, que el presidente dejó que este fenómeno creciera cuando era gobernador de Antioquia.

Según la fiscalía, la investigación contra el hermano del presidente se cerró en 2005 por falta de pruebas . El vicefiscal Guillermo Mendoza asegura que la reapertura del proceso depende de que aparezca una nueva evidencia.

El presidente no dudó en calificar de inmediato a sus opositores de “terroristas de camuflado que pasaron a ser terroristas de traje civil”. Alude al pasado insurgente de Petro y de Antonio Navarro ?en la actualidad, dirigentes del Polo? en el M-19, una guerrilla que dejó las armas en 1990 y fue amnistiada. Y ha arremetido contra otros líderes de este colectivo acusándoles de ser amigos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de haber hecho política al lado de la guerrilla y de haber combinando “todas las formas de lucha”, como predican las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Polo, que aglutina a diversas fuerzas de izquierda, ha declarado su indignación “por la forma y el contenido de las declaraciones del presidente”.

Los dardos presidenciales también han llegado al ex mandatario César Gaviria, dirigente del Partido Liberal ?también en la oposición?; Uribe le acusa de permisividad con los grupos paramilitares. Tras un largo intercambio de inculpaciones, Gaviria invitó a Uribe a someterse a un juicio en la Corte Suprema de Justicia. Y le retó: “[Allí] deberá exponer sus dudas sobre mi Gobierno y nosotros, las denuncias sobre la falta de claridad del presiente en la lucha contra el paramilitarismo”. En el diario El Tiempo, el más influyente de Colombia por ser el único de circulación nacional, pidió al primer mandatario mesura en sus palabras.

No ha sido el único intento de bajar el tono en la acalorada disputa que polariza aun más a un país agrietado. Algunos, sin embargo, como el senador uribista Germán Vargas , respaldan la dura reacción del presidente. “Él se está defendiendo”, dice. Desde hace años, Uribe ha sido acusado de mantener simpatías por los paramilitares o, al menos, de ser laxo con ellos. Y este señalamiento, como otros, le saca de sus casillas.

En medio de este duro enfrentamiento, las dos partes parecen estar de acuerdo en un punto: es necesario realizar un debate público para aclarar las mutuas imputaciones sobre relaciones con los grupos armados. En el comunicado en el que el Polo se suma al reto, afirma que “los múltiples vínculos entre el entorno presidencial y el paramilitarismo son inocultables” y exige garantías para celebrar un cara a cara.

Esta situación de crispación se produce en unos momentos en los que el país conoce, aunque con cuentagotas, la verdad sobre la maquinaria paramilitar que durante décadas se apoderó de gran parte del territorio nacional: ya hay tres congresistas en prisión, se espera pronto la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre seis más de los 11 investigados (casi todos uribistas), la fiscalía afirma que 80 militares están involucrados con estos grupos y en las declaraciones a la justicia de los paramilitares desmovilizados ha salido a relucir lo que siempre se supo: que muchos funcionarios públicos se pusieron al servicio de este aparato de muerte, que además saqueó los dineros públicos.

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