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QUITO (Reuters) - Ecuador se sumió el miércoles en una aguda crisis política por el choque entre el Ejecutivo y Legislativo en torno a la instauración de una Asamblea Constituyente y que se atizó con la histórica destitución por parte de la corte electoral de 57 diputados opositores.
La pugna entre el presidente Rafael Correa y una mayoría legislativa opositora llegó a su punto más alto con la destitución de los legisladores que se oponían a que los ecuatorianos resuelvan el 15 de abril en las urnas la instalación de la asamblea.
La inédita resolución de la corte, adoptada por cuatro de sus siete miembros, recibió el apoyo de Correa, quien asumió en enero las riendas del quinto productor de crudo de Sudamérica con la promesa de ejecutar una revolución política radical y socialista a través de la asamblea.
"El gobierno nacional hará respetar y cumplir la ley y, por lo tanto, la resolución adoptada por el pleno del Tribunal Supremo Electoral," dijo la portavoz presidencial, Mónica Chuji, dejando entrever que se impedirá con la fuerza pública el ingreso al Congreso de los diputados destituidos.
La corte electoral removió a 57 de los 100 diputados acusándolos de bloquear la consulta, al remover el martes a su presidente Jorge Acosta, sin mediar un juicio político, e intentar remover a los otros tres vocales que apoyan a Correa.
Amparada en la Ley de Elecciones, la corte tiene la potestad de destituir a las autoridades, funcionarios o empleados que bloqueen un proceso electoral en marcha, pero los diputados se calificaron como dignatarios, rechazando su remoción por considerarla inconstitucional.
"Si quieren guerra, guerra van a tener," dijo el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, aunque no dio pistas respecto a las vías a las que apelaría para neutralizar su destitución y la de sus compañeros.
POLVORIN A PUNTO DE ESTALLAR
La asamblea es el eje del plan político de Correa, quien ha prometido impulsar a través de este organismo cambios constitucionales para cortar el poder que los partidos hegemónicos han ejercido en el Estado.
El Congreso aprobó en febrero la consulta, pero modificó las reglas estructuradas por Correa para definir el ámbito de acción de la asamblea y los mecanismos para la selección de sus 130 miembros, con lo que desmontó disposiciones que bloqueaban la participación de los partidos en la disputa.
Sin embargo, la corte electoral revivió el estatuto de Correa y convocó a la consulta, desatando la ira de los partidos que se lanzaron en contra de Acosta y los vocales que avalaron el llamado, en medio de renovadas preocupaciones de distintos sectores por la democracia del país.
El poder legislativo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para obstaculizar la iniciativa de Correa, quien ha insistido en que los cambios son necesarios para estabilizar a un país marcado por el desplome de tres presidentes desde 1997, en medio de revueltas populares.
No estuvo inmediatamente claro el camino que las distintas fuerzas en disputa asumirán en los próximos días, por lo que el país -que desde el 2000 es uno de los pocos dolarizados del mundo- podría convertirse en un polvorín, un escenario temido por la comunidad internacional y los inversores.
"Las inversiones están paradas (por la pugna) y las consecuencias se van a sentir en el segundo semestre. Vamos a perder muchas oportunidades," dijo el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia de Pichincha, Mauricio Pinto.
En caso que los ecuatorianos apoyen la convocatoria a la asamblea, tendrán que elegir a sus miembros, quienes escribirán una nueva Constitución.
(Con la colaboración de Patricio Vivas y José LLangarí)
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