Sublevados escapan y les persiguen por aire y tierra, gobierno les ocupa avioneta y se cree están vinculados al narcotráfico
CARACAS .- Un grupo armado con fusiles de guerra se enfrentó con soldados venezolanos para impedir la recuperación de un fundo de más de 10.000 hectáreas dentro de una acción gubernamental que prevé la recuperación de 330.796 hectáreas en 16 latifundios, informó el presidente Hugo Chávez.
El general del ejército Wilfredo Silva explicó que el incidente se registró en el estado de Apure, en un lugar conocido como Hato Morichalito, de más de 10.000 hectáreas, donde también fue hallada una avioneta escondida que se presume era utilizada en el narcotráfico. “Al llegar la comisión cinco rústicos con personal hicieron frente a la comisión, hubo un intercambio de disparos y en ese hato estaba escondida una avioneta que se presume sea del narcotráfico y en el último mes en esa área hemos capturado ya cuatro aeronaves”, dijo el oficial venezolano.
Silva indicó que en el lugar se halló combustible y equipos de comunicaciones y que el grupo estaba equipado con fusiles R-15 y pistolas y luego del ataque se inició una persecución en el área con participación de helicópteros MI-35 de fabricación rusa.
“En estos momentos la aviación del ejército está apoyando la persecución en el área y se espera tener información en brevedad”, agregó.
Chávez señaló que el incidente demuestra la necesidad de mejorar el equipamiento para la defensa.
En la transmisión de su programa dominical Aló Presidente desde uno de los fundos intervenidos en el llanero estado de Barinas (suroeste), Chávez señaló que los predios recuperados serán dedicados especialmente a la cría de ganado.
La Constitución venezolana de 1999 impulsada por Chávez establece en su artículo 307 que “el régimen latifundista es contrario al interés social”.
Chávez entregó el año pasado 27.000 hectáreas de tierras decomisadas al narcotráfico a campesinos del estado Táchira fronterizo con Colombia.
Durante 2005, las autoridades venezolanas ocuparon 27 propiedades, la mayoría fincas, en los estados Táchira, Barinas y Apure, fronterizos con Colombia, asegurando que eran propiedad de colombianos vinculados al narcotráfico.
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