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La destitución de los legisladores es una respuesta a la decisión previa de los diputados que la víspera destituyeron del cargo al presidente del Tribunal Supremo Electoral.
QUITO.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió destituir el miércoles a 57 de los 100 diputados del Congreso por interferir en el referendo sobre una asamblea constituyente, en una interpretación polémica de las leyes electorales.
La destitución de los legisladores es una respuesta a la decisión previa de los diputados que la víspera destituyeron del cargo al presidente del TSE Jorge Acosta, en lo que parece una escalada de una pugna de poderes entre las dos instituciones.
Para el constitucionalista Enrique Herrería, la resolución del tribunal electoral “quebranta el estado de derecho y se inscribe en un violación flagrante a la Constitución”.
Explicó que el organismo electoral “puede destituir a funcionarios públicos … (pero) los diputados no son funcionarios públicos son mandatarios, elegidos por el pueblo”.
En entrevista con la AP, advirtió que “el Ecuador está viviendo una suerte de vendetas políticas” en el marco de una “violación constante” a la Constitución.
Herrería reconoció que el Congreso, al destituir a Acosta sin llamarlo a un juicio político como establece la ley “también había incurrido en una ilegilidad … pero mucho más grave es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral”.
El Congreso y el gobierno aún no han realizado ningún pronunciamiento oficial al respecto.
El miércoles 57 diputados suscribieron el pedido de juicio político contra cuatro de los siete miembros del organismo electoral, incluído Acosta, por haber convocado a una consulta popular para el 15 de abril que decida la instalación o no de una asamblea constituyente de plenos poderes, que es impulsada por el gobierno de Rafael Correa.
Acosta, anunció en una rueda de prensa que la destitución de los legisladores se tomó con el voto de cuatro de los siete miembros del TSE.
Los vocales resolvieron “destituir de sus cargos o dignidades de diputados y suspender los derechos políticos por el tiempo de un año a los legisladores del Congreso Nacional que votaron a favor de las resoluciones” que habían sido aprobadas la víspera.
El Tribunal además decidió “declarar inaplicables las resoluciones adoptadas por el Congreso Nacional … por no guardar conformidad con las normas constitucionales previstas”.
Dijo que la decisión se ampara en un artículo de la ley de elecciones que establece sanciones para quienes interfieren en un proceso electoral y dice que “serán reprimidos con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos por el tiempo de un año … (a) la autoridad, o funcionario, o empleado público extraños a la organización electoral que interfirieren en el funcionamiento de los organismos electorales”.
Y que en otro literal establece que “ninguna autoridad extraña podrá intervenir directa o indirectamente en el funcionamiento de los organismos electorales”.
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