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SANTIAGO (AFP) - La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile confirmó este miércoles la anulación del cargo de malversación de caudales públicos que pesaba en contra de la familia del ex dictador Augusto Pinochet pero pidió iniciar una auditoría contable sobre sus bienes.
"Se confirma la sentencia apelada", señala el fallo dado a conocer por Alberto Chaigneau, presidente de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal chileno, que ratificó así una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recursos de amparo presentados en octubre por la familia Pinochet.
En la resolución -votada por unanimidad- se afirma además que se ordenó al juez titular del caso, Carlos Cerda, la realización de una auditoría contable sobre los bienes del ex dictador, actualmente embargados.
"Se ordena al ministro instructor de la causa la realización de una auditoría contable respecto de los dineros materia de la investigación", señala el texto.
La auditoría "deberá ser realizada por una institución de prestigio nacional, con experiencia en la materia", agregó.
El 4 de octubre pasado el juez Cerda ordenó la encarcelación de Lucía Hiriart, viuda de ex dictador, y de sus cinco hijos, bajo el cargo de malversación de caudales públicos. Tres semanas después la Corte de Apelaciones anuló los cargos.
La orden de magistrado afectó a otros 17 cercanos colaboradores del ex dictador, entre ellos su ex secretaria personal, Mónica Ananías, y su ex vocero, Guillermo Garín.
La resolución de este miércoles no alcanzó al hijo mayor del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, quien permanece procesado, ya que no recurrió de amparo para revertir la decisión del juez Cerda, sino que lo hizo a través de un recurso ordinario.
"Aquí la causa no está muerta sino que debe ser el ministro instructor quien debe proseguir la indagatoria como nosotros se lo hemos señalado. El verá si vuelve o no a procesar a algunos personas", comentó más tarde el juez Chaigneau.
Los jueces de la Corte Suprema acogieron la tesis de las defensas, que argumentaron que en la mayoría de los casos las detenciones fueron ilegales y que, al no ser ningún miembro de la familia de Pinochet funcionario público, no se constituiría el delito de malversación de caudales fiscales.
En la resolución, los magistrados hicieron notar además que en algunos casos a los procesados no se les tomó declaración indagatoria, lo que se convierte en un error de procedimiento.
El caso estalló en 2004, cuando una comisión del Senado de Estados Unidos encontró las primeras del casi centenar de cuentas bancarias abiertas en bancos extranjeros a nombre de Pinochet, con depósitos por casi 20 millones de dólares, los que actualmente están embargados.
La familia de Pinochet asegura que parte de esos dineros corresponde al dividendo de ahorros e inversiones que realizó el ex dictador. El juez Cerda ha dicho que son dineros desviados a través de fondos reservados y la venta ilegal de armas.
El ex dictador fue procesado y estuvo bajo arresto domiciliario por este caso, pero murió -el 10 de diciembre pasado, víctima de un infarto- sin ser condenado.
Tampoco recibió condena por los múltiples procesos que enfrentó por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que encabezó, que dejó 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
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