El golpe permitió a Fujimori tomar poderes absolutos y reemplazar la Constitución
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LIMA.- La Corte Suprema de Perú condenó a penas de entre diez y cuatro años de cárcel a diez ex ministros del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) por participar en el golpe de Estado que dio el ex gobernante el 5 de abril de 1992.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al ex ministro del Interior Juan Briones a diez años de prisión, tras encontrarle responsable de los delitos de rebelión y secuestro.
Briones deberá pagar, además, 50.000 nuevos soles (16.666 dólares) a varias personas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad durante el golpe, entre ellos el actual presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo.
El tribunal también condenó a cuatro años de 'prisión en suspenso' (sin ingresar a la cárcel) a los ex ministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli.
Estos ex ministros deberán pagar "de manera solidaria", junto con Briones, tres millones de nuevos soles (un millón de dólares) en reparación civil al Estado.
El tribunal precisó que la pena a estos nueve ex ministros se considerará cumplida a los tres años si siguen una serie de normas de conducta. Los diez ex ministros fueron inhabilitados, asimismo, para ejercer cualquier cargo público por un plazo similar al de su sentencia.
El Supremo rechazó, por otra parte, la petición de la fiscalía para que los condenados sean expatriados una vez cumplida su sentencia, al considerar que esa solicitud es "inconstitucional". El Tribunal Supremo reservó la sentencia a los ex ministros Augusto Blacker Miller, Fernando Vega y Víctor Malca, que no están detenidos.
También a Fujimori, cuya eventual condena dependerá de si las autoridades judiciales chilenas aceptan incluir el caso, tras haberle extraditado a Perú por otros delitos de violación a los derechos humanos y corrupción en septiembre pasado.
La acusación fiscal remarcó que el golpe de 1992 permitió a Fujimori tomar poderes absolutos y ejecutar "un plan estratégico e irregular" para reemplazar la Constitución Política de 1979 por una acorde a sus intereses particulares, que fue aprobada en 1993.
Recordó, además, que Fujimori ordenó la disolución del Congreso, el cierre del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales, así como intervenir los locales de partidos políticos y movimientos sindicales vinculados a la oposición.
También que la policía y las Fuerzas Armadas apresaron a dirigentes políticos, sindicales, sociales y a periodistas independientes. Tras conocerse la sentencia, fue impugnada por los procesados y el representante del Ministerio Público, quien reiteró que los ex ministros deben ser considerados "autores" y no cómplices del golpe de Estado.
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